martes, 30 de septiembre de 2008

Lenguas

De todas las películas de Woody Allen se saca algo interesante. De la última, Vicky Cristina Barcelona, al margen de la a ratos muy divertida historia que cuenta, me llamó la atención un hecho sorprendente, como a otros compañeros. Los letreros de una frutería en la que entran una de las protagonistas con un amigo del máster de Identidad Catalana (?) al que asiste están en castellano. Ese frutero, en la vida real y diaria de Cataluña, sería multado. Los millones de euros que el Gobierno catalán se gastó para que Allen sacara una visión de Barcelona edulcorada, cultísima, cosmopolita y súper enrollada no consiguieron tapar el principal caballo de batalla de la Generalitat: la lengua. Este domingo salieron a las calles también de Barcelona unos cuantos miles de personas para reclamar un derecho básico y simple, pero fundamental: el fin de la imposición lingüística del catalán frente al castellano. Que deje de ser la única lengua vehicular en la educación y en una grandísima parte de los estamentos públicos. En definitiva, que no se trate al castellano en Cataluña como un idioma extranjero, que es una buena forma de resumir lo que está ocurriendo. Imponer una lengua sobre otra en una sociedad claramente bilingüe como la catalana es una aberración que no provoca más que injusticias. Lo dijo Arcadi Espada, un tipo bastante inteligente, al concluir la marcha de protesta: «Los territorios no tienen lengua. Las lenguas son de los ciudadanos». He ahí la clave, ignorada obviamente por los dirigentes catalanes, que han puesto en marcha un plan de inmersión lingüística que tiene como objetivo principal el de imponer el catalán como un instrumento fundamental de su imaginaria nación independiente. Esto es, la lengua al servicio de los delirios nacionalistas. En Cataluña se habla catalán como en Francia el francés, vienen a pensar. Y punto. ¿Que una gran parte de la población usa el castellano como lengua propia y diaria? Van sobrados con un par de horas a la semana en los colegios. Como si fueran extranjeros, ya digo. Al margen del educativo, un ejemplo claro de esta penosa situación está en la Literatura: los poetas y novelistas que usan el castellano como lengua de expresión no son considerados como parte integrante de la cultura catalana. Sin más. No cabe mayor fracaso en una política lingüística de una sociedad bilingüe, que ha de estar orgullosa precisamente por este hecho enriquecedor. Me parece bastante razonable el Manifiesto por la Lengua Común que tanto ha dado que hablar. Gente tan inteligente como Fernando Savater, Félix de Azúa, Boadella, Vargas Llosa, Miguel Delibes, Ana María Matute piensan lo mismo. No sé si Allen también, pero convendría que al frutero de su película le fuera buscando otro trabajo.

domingo, 21 de septiembre de 2008

Papá Estado

La crisis económica está poniendo a cada uno en su lugar. Ahora, por ejemplo, hemos descubierto que en España no hay liberales, sino liberalitos. Esto es, defensores a tiempo parcial de la economía de libre mercado. Según convenga y dicten los vientos. Sobra decir que únicamente conviene cuando las cosas van rodadas. Si vienen mal dadas, como ahora, no hay empacho en pedir «un paréntesis en la economía de libre mercado», como tan ricamente hizo hace unos días el presidente de los empresarios españoles agrupados en la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Me asombra esta capacidad que tienen algunos de quedarse con los beneficios y repartir entre todos las pérdidas. Me sorprende cómo se renuncia a los principios cuando la crujía es mucho mayor de lo que se esperaba. ¡Tantos años abominando del intervencionismo estatal en la economía para acabar pidiendo ayuda a papá Estado! Así están las cosas. En Estados Unidos –supuestamente el país menos intervencionista del mundo– ya se ha anunciado una impresionante campaña gubernamental para salir al rescate de las grandes empresas con problemas, que son precisamente las que nos han metido en problemas. Lo dijo hace poco el comisario de Economía de la Unión Europea, Joaquín Almunia, muy acertadamente: «La causa de esta crisis puede resumirse en una palabra: avaricia». He ahí la clave. Hemos llegado a este punto precisamente porque el mercado abomina de los mecanismos de control estatales, por lo que se le ha dejado hacer y deshacer a sus anchas en los últimos años, inflando e inflando una burbuja que no ha tenido más remedio que estallar estrepitosamente. Resulta sarcástico que sea ahora precisamente el Estado –es decir, el dinero del contribuyente– el que tenga que solucionar la situación. Y no quedará más remedio, porque son muchísimos los puestos de trabajo que están en juego. Pero deberían sacarse unas cuantas conclusiones para el futuro. La primera está clara: al mercado no se le puede dejar a su albedrío. La segunda es una consecuencia de la anterior: habrá que instalar mecanismos que controlen los flujos económicos. Más allá de intervencionismos extremos y de nacionalizaciones, esto es precisamente lo que ha de definir a la socialdemocracia. Lo que ocurre es que en España no la hay –al menos, en lo económico– desde que Felipe González hundiera las ilusiones de muchos en la izquierda. Tampoco ahora con Zapatero, quien tiene su cuota de responsabilidad en la crisis por dejar y dejar hacer sin actuar y sin prever lo que podría pasar. Ahora tendrá que intervenir. Se lo piden los anti-intervecionistas. Lo cual resultaría cómico si no fuera trágico.

Publicado en El Mundo Huelva Noticias el 21 de septiembre de 2008.

jueves, 18 de septiembre de 2008

Huesos

Lo dijo Lorca, apenas un mes antes de que le metieran «un tiro en el culo por maricón»: «Me voy a Granada, estos campos se van a llenar de muertos». Ahí siguen los campos, 70 años después, llenos de muertos, osamentas anónimas, cuerpos inertes, símbolos macabros de la maldad humana. Incluido el del poeta que predijo un «huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas». Lo he dicho en alguna ocasión, pero habrá que repetirlo: España no podrá ser un país medio civilizado si continúa teniendo a Lorca tirado en una cuneta. A Lorca como a tantísimos otros, pero vale el granadino como símbolo. La familia está en su perfecto derecho de querer que sus restos descansen allí para siempre, pero no puede impedir que se intente saber si de verdad están allí o no. Su persistente negativa ha creado numerosos rumores, entre ellos el que asegura que el cuerpo fue trasladado a otro lugar más digno. A Lorca lo mataron con un maestro y dos banderilleros acusados de anarquistas. La familia del primero, dentro del movimiento llamado de recuperación de la memoria histórica, ya ha decidido su intención de rescatar sus restos, se supone que enterrados junto a los del poeta. No acabo de entender qué problema hay en que familiares de los ejecutados durante y tras la Guerra Civil quieran encontrar y recuperar los cadáveres de sus seres queridos. No acabo de entender tampoco qué heridas puede abrir ese hecho primario de reencontrarse con sus padres, abuelos o tíos fusilados hace 70 años. En todo caso, cierra las heridas que siguen abiertas en muchas personas que continúan teniendo a sus familiares tirados en los campos de España. Otra cosa es la instrumentalización partidista que algunos se empeñan en hacer de esta cuestión. Me da grima el juez Garzón y su desmedido gusto por la fama, la gloria y la posteridad. Me da grima el maniqueismo de buenos y malos que gasta el Gobierno de Zapatero, pero es razonable que el Estado y la Justicia ayuden de alguna forma a estas personas a encontrar los huesos tiroteados de sus seres queridos. ¿El bando republicano no fusiló y ejecutó? Por supuesto, pero habrá que recordar una obviedad: las víctimas nacionales tuvieron bajo el franquismo 40 años de reconocimientos y búsquedas, con una Causa General contra la República incluida. Parece que muchos olvidan este hecho fundamental cuando se preguntan si sólo hubo víctimas de un sólo lado. Está claro que no las hubo. Pero las que siguen en los campos coinciden en su mayoría con una de las dos Españas en que se partió este país. Los huesos todavía nos recuerdan la grieta por la que un día se fue la dignidad de los españoles.

Publicado en El Mundo Huelva Noticias el 18 de septiembre de 2008.

martes, 16 de septiembre de 2008

Tiro al juez

La cacería que el Gobierno y la oposición han emprendido contra el juez Rafael Tirado tiene un objetivo claro: que el personal descargue sus lógicas iras contra el magistrado y no contra ellos, que son los que tienen los mecanismos para arreglar un sistema judicial tan podrido que extraña que asuntos tan lamentables como el del caso Mari Luz no ocurran a menudo. A la mayoría de los españoles ha alarmado por leve el castigo –1.500 euros– que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto a Tirado. A mí lleva días alarmándome la virulencia con que PSOE y PP tratan al un unísono de convertir al juez en el culpable de todos los males que sufre en España la Justicia. No lo es, por más que a los partidos mayoritarios les interese y se empeñen en presentarlo como tal. Desgraciadamente, los juzgados españoles están llenos –repito, llenos– de sentencias sin ejecutar o sin comprobar su cumplimiento. Los 1.500 euros –o la cabeza, como piden Gobierno y oposición– tendrían que apoquinarlos la mayoría de los jueces de este país. Por una razón muy sencilla: se quiere aplicar una Justicia del siglo XXI con mecanismos del siglo XIX. Y no se puede, claro. La razón de la secular saturación del sistema judicial es un misterio que nadie con poder tiene el más mínimo interés en resolver. Las causas de por qué no se arregla la situación son tan enigmáticas que me asusta incluso dar alguna razón coherente. ¿No interesa? ¿Por qué no interesa? Véase el último episodio de este esperpento valleinclanesco llamado Justicia: durante la última legislatura se ha insistido en que la renovación del CGPJ supondría el fin de todos los males del sistema. Ahí está para quien quiera verlo el engendro que han parido socialistas y populares: el órgano del poder judicial más politizado de los últimos 30 años, es decir, un parlamento en miniatura, o lo que es lo mismo, un verdadero atentado a la separación de poderes que garantiza la Constitución. Pero, a lo que se ve, el problema no es ése, el problema es el juez Rafael Tirado, blanco perfecto sobre el que los políticos tiran para animar a que la ciudadanía participe también en la cacería y así desviar la atención sobre ellos mismos, que son los que tienen que arbitrar los mecanismos para garantizar que el sistema judicial español funcione aunque sólo sea de una manera decente. En los últimos meses no paro de preguntarme por qué en esta vida todo tiene arreglo menos la muerte y la Justicia. Los que tienen la obligación de buscar una solución andan ahora a la caza del juez. Que se entretengan y que sigan engañando a quien se deje engañar. Pero que no olviden que la actual situación provoca dramas con nombres y apellidos. Incluido el del juez Tirado.

Publicado en El Mundo-Huelva Noticias el 16 de septiembre de 2008.